LO PÚBLICO TAMBIÉN ES PRECARIO

Nerviosos y con miedo. Así estamos la mayoría de españoles zambullidos en pleno marzo de 2013. Porque esta crisis no para, y sigue amenazando a cada vez más sectores. Primero, la construcción de viviendas cayó y con ella millones de trabajadores, luego la construcción de infraestructuras públicas, las fábricas de zapatos y textil, la banca, los autónomos y PyMEs. Segundo, y todavía en pleno gobierno del PSOE, los famosos EREs se dieron a conocer y se convirtieron en la pesadilla de muchos trabajadores que veían como un instrumento legal permitía a sus patronos despojarles en bloque de los derechos laborales acumulados a lo largo de los años de fiel servicio.

Tras vender el pueblo a la UE y la Alemania de la austeridad con una firma cómplice pactada entre PP y PSOE en la modificación del art.135 de la CE, donde todo el sistema estatal se subordinaba a pagar un déficit que solo el gobierno había asumido como propio, el Estado se hacía más vulnerable a los efectos de esta crisis. Solo la UE decide si se cumple ese déficit,  y su control más que sobre los resultados(que a nadie le importan, como la desigualdad entre la población, paro, desahucios, privatizaciones) se hace sobre los medios(reforma laboral, reforma financiera, reforma fiscal), imponiendo una austeridad excesiva sobre todos por igual, lo que afecta más a unos que a otros. 

Dentro de esos medios, la reforma laboral ha creado lo llamado "ERE en la administración", que permite en las administraciones(estatales, autonómicas y locales) y sus organismos autónomos despedir colectivamente todos aquellos trabajadores que quieran, salvo los funcionarios de carrera. Laborales, asociados, interinos, temporales,... todos ellos cualquier día tras la ley podían ser fulminados. Y vaya si ha pasado: EREs como el de Canal9(843 trabajadores), Telemadrid(861 despidos), Ayuntamiento de Estepona(176 trabajadores), Ayuntamiento de Mérida(81 trabajadores), y los que se me escapan dentro de los meses que se aprobó esta revisión de la reforma en octubre de 2012. 

Recuerdo las dos condiciones para que una administración u organismo de la misma pueda hacer un ERE: 1)que en el año anterior tuvieran déficit y 2) que en el ejercicio sufrieran un recorte de sus presupuestos del 5% o 7%. Dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2013, facilita la previsión que hizo el Gobierno de recortar un 4% los gastos en personal, es decir, el nºde trabajadores al servicio del Estado. Pensar que, dentro de los más de 3 millones de empleados públicos españoles, un 4% son unos 120.000 empleados, ni más ni menos, de los que, 72.000 están señalados este año porque no son funcionarios, carne fresca de ERE.  

Pero mi post va dirigido a un episodio cercano, que junto a otras leyes, han permitido hoy una barbaridad: un recorte presupuestario en la UPC, que viene acompañado de un recorte de 420 trabajadores(algunos por ERE y otros por no renovación del contrato). Este recorte deja muy tocada a la universidad y su calidad, lejos de mejorar, quedará dañada y seguramente pronto deje de ofrecer algunos servicios y docencias. Nada lo ha podido parar. Ni una concentración en la puerta, ni la voluntad de negociación de profesores y personal administrativo o de servicios. Y ha sucedido y sucederá porque existe en cada universidad pública un órgano llamado Consejo Social, antidemocrático y manejado por empresarios y catedráticos afines a otras empresas, más un rector al servicio directo de los recortes del gobierno autonómico de turno. 

La desfuncionarización en muchas administraciones y la privatización serán los siguientes pasos para expulsar trabajadores del Estado y al mismo tiempo hacer ricos a unos pocos mientras la calidad del servicio desciende y se vuelve más exclusivo, mientras otros beneficiarios de él quedan totalmente excluidos. Ójala me equivoque, pero ya hay muchos indicios de lo que nos espera.